Según el organismo la ley «no respeta los derechos fundamentales de las personas que dependen directamente del uso sostenible de los bosques y favorece las economías ilegales;” al ofrecer acceso directo a tierras deforestadas, lo que termina por vulnerar la dignidad humana y el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana.

Trayendo a la memoria los compromisos que asumieron recientemente las principales autoridades políticas del Gobierno peruano, la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) recuerda que tras la IV Reunión de Presidentes de los Estados y la firma del Tratado de Cooperación Amazónica en agosto de 2023; la declaración de Belém afirma que el gobierno peruano se habría «comprometido a impulsar acciones contra la deforestación para evitar que la Amazonía llegue a un punto de no retorno por la tala ilegal de árboles».

Deforestación legal

La CEAMA advierte que con esta determinación el gobierno peruano comete una grave equivocación al «interpretar que el acceso a los mercados agrícolas a nivel mundial pasa por la legalización de la deforestación».

Así, la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) se une al reciente pronunciamiento de los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas ubicadas en la Amazonia peruana, ratificando el llamado dirigido a las organizaciones del país, para que reconsideren la modificación de la Ley N° 31973, tomando como base los «compromisos públicos asumidos en beneficio de la Amazonía» y porque no pueden apartarse de un argumento fundamental que debe “impulsar un desarrollo agrario sostenible y justo» que se aparte de cualquier decisión que intente perpetuar los niveles significativos de violencia en la Amazonía que lamentablemente hacen parte de su historia.

Situación que se hace evidente en “la pérdida de los bosques favoreciendo el control de la región a quienes propenden por una economía ilegal que atenta contra los derechos de las personas más vulnerables,» desconociendo que los pueblos indígenas han sido custodios de estos territorios ancestralmente.

Un clima de impunidad

El Card. Pedro Barreto, presidente de la CEAMA, recuerda que históricamente la Amazonía ha sido «el espacio de lamentables amenazas y asesinatos de líderes ambientales, muchos de ellos indígenas que buscan proteger los bosques ante el avance de las economías ilegales y el crimen organizado». En el caso de la aprobación que modifica esta ley, no hay ninguna contribución que ayude a generar paz en la Amazonía. Por el contrario, solo «fomenta un clima de impunidad para aquellos que han deforestado los bosques, vulnerando los derechos humanos».

La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) fundamenta esta comunicación oficial con diversos fragmentos de la Encíclica Laudato Si’ en tanto sus reflexiones nos recuerdan entre otras cosas, que la deforestación es un acto de violencia contra la naturaleza y sobre todo contra la dignidad y los modos de vida de las personas que dependen del uso sostenible de los bosques.

«Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios y la depredación de la naturaleza responde a formas inmediatistas de entender la economía, la actividad comercial y productiva,” afirma el documento pontificio.

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Pueblos relegados

La modificación de la Ley forestal y de fauna silvestre,  legaliza la deforestación en la Amazonía peruana, sin importar la fecha, la cantidad o la extensión de terrenos, tampoco ofrece claridades sobre las condiciones, los actores, ni los delitos conexos; olvidando que más de 30 defensores ambientales miembros de pueblos indígenas, han sido asesinados por defender su territorio.

Situaciones de las que se presume son responsables los actores detrás de estas actividades ilegales, en donde no se ha hecho una consulta previa de los pueblos indígenas pese a llevar cerca de dos años solicitando participación en el tema. Además, relega al Ministerio del Ambiente peruano del proceso de toma de decisiones sobre aquello que deben hacer con los bosques.

Términos como conservación, preservación o cuidado pensando en la Amazonía peruana, pierden su valor total con esta modificación legislativa que demuestra una falta de voluntad política para escuchar a quienes viven en el territorio y al personal capacitado para hablar del tema.